Municipios pagan 8 beneficios sociales creados por el Gobierno

Bajo la partida de "Gastos Dispuestos por Ley”, las alcaldías deben destinar distintos porcentajes de sus ingresos por el Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH) y la Coparticipación Tributaria (CT) al pago de al menos ocho beneficios creados por el Gobierno. Representantes municipales coinciden en que es imposible cumplir más obligaciones nacionales si no se incrementan sus recursos.

El 19 y 20 de enero el Gobierno central socializó el proyecto de ley 296/16 que propone una renta mensual de 250 bolivianos para las personas con discapacidad, que debe ser pagada por las alcaldías con sus recursos del IDH. Los beneficiarios mostraron preocupación pues temen que el Gobierno quiera deslindar y transferir su responsabilidad.

Las autoridades ediles coincidieron en que los municipios no están en condiciones de hacerse cargo del pago de otro beneficio. Aclararon que actualmente financian varias políticas que son de atribución nacional.

"El Gobierno nacional ha estado transfiriendo muchas responsabilidades a las alcaldías sin un presupuesto para que las encaremos. Actualmente, gran parte de los recursos se van en el financiamiento de beneficios nacionales, como los del adulto mayor que abarcan desde la renta hasta el suplemento alimenticio Carmelo”, explicó el miembro del Directorio de la Asociación de Gobiernos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz) Isaac Fernández.

El pago de la renta mensual de vejez de 250 bolivianos representa para las comunas el 30% del total de sus ingresos por concepto del IDH. Las gobernaciones, el Fondo Indígena y el Tesoro General de la Nación aportan a este fondo el mismo porcentaje.

El presidente de Agandepaz, Veimar Montero, señaló que los municipios que más sufren con estas obligaciones son los más pequeños. "Tenemos el municipio de Nasacara que apenas cuenta con un presupuesto anual de 600 mil bolivianos, a ellos no les alcanza”, aseveró.

Los municipios grandes también se ven afectados por estas obligaciones. Marcelo Arroyo, secretario edil de Planificación de Desarrollo del Gobierno Municipal de La Paz, explicó que la gran concentración de personas, procedentes de todo el país, que recibe La Paz genera asimetría en los recursos.

"Es de conocimiento público que algunas de las competencias que deberían ser asumidas por el Gobierno están saliendo de los recursos ediles a través de los gastos dispuestos por ley.

Por ejemplo, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótico, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, o el fondo para la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que salen del IDH”, señaló.

Sólo en estos tres ítems se destina el 20,20 % del IDH. En el caso de la Alcaldía paceña el gasto más significativo es el que significa la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral (SIS).


En su Artículo 8, la norma detalla que ese financiamiento se realizará a través de fondos y recursos del TGN, la cuenta especial Dialogo 2000, de la CT y del IDH. El artículo 10 establece que las alcaldías deben disponer del 15,5% de la CT.

"Este monto debe estar destinado para las prestaciones en los tres niveles de atención médica en todo el municipio, sin discriminar si la población es habitante o no del municipio. Son gastos impuestos que nos han sido asignados sin recursos necesarios”, dijo Arroyo.

Aclaró que el gasto en atención médica especializada está al margen de las inversiones ediles en infraestructura y personal de salud. "Fácilmente son otros 15% adicionales en infraestructura y personal. Los ítems son parte de la competencia nacional pero al no haber la asignación la Alcaldía la asume”, aseguro.

Montero sostuvo: "En presupuesto todo viene por ley que debemos cumplir y por lo mismo se nos va de las manos y ya no alcanza para obras”.