Gabriela Zapata no pudo demostrar el origen lícito de su fortuna

Gabriela Zapata, la exgerente de la empresa china CAMC y expareja de presidente Evo Morales, fue condenada a 10 años de reclusión en el centro femenino de Miraflores debido a que en las audiencias del juicio oral no pudo demostrar el origen lícito de su patrimonio, informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

“Ha sido sentenciada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por 10 años, pues no ha podido demostrar el origen lícito de su patrimonio”, afirmó y recordó que la hoy sentenciada posee un inmueble en contrato de anticrético por más de $us 200 mil en la zona Sur de La Paz, además de autos de lujo y cuentas bancarias con movimientos económicos de montos elevados.

Tribunal condena a Gabriela Zapata a 10 años de prisión en la cárcel de Miraflores
Junto a ella, el juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Iván Perales, sentenció el 23 de mayo a la exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, a 4 años de prisión en la cárcel de Obrajes por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.

Según Blanco, la comisión de fiscales que llevó adelante el caso pudo demostrar con pruebas los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.

Jimmy Morales, otro de los acusados y exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, fue sentenciado a 3 años de prisión; mientras que al supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, se le impuso una pena de 2 años y al empresario Carlo Marvin Ramírez similar condena. Estos tres últimos guardarán reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.

Defensa de Zapata anuncia apelación a la condena y proceso contra el juez que dictó la sentencia
El abogado Wálter Zuleta, de quien se conoce que huyó a Perú, también fue condenado a 3 años.

El caso salió a la luz pública en febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional en el que ganó el No a la repostulación presidencial.