Cocaleros de Yungas presentan amparo para anular ampliación de cultivos de coca en Chapare

Directivos de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) la opositora Unidad Demócrata (UD) instalaron este jueves ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad para demandar la anulación del artículo 16 de la Ley de la Coca que legaliza la ampliación del cultivo en el Chapare.

El jefe de bancada del frente opositor en la Cámara de Diputados, Wilson Santamaría, es el titular del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Debería anularse varios artículos de la Ley de Coca que el Gobierno impuso y que terminó favoreciendo el incremento de producción en el Trópico de Cochabamba sin justificación y con criterios políticos”, señaló el opositor a la radioemisora paceña Compañera.

La inédita Ley General de la Coca promulgada en marzo sustituye a la otrora 1.008, que regulaba la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.

Esta última solo fijaba un máximo de 12.000 hectáreas (ha) de plantaciones legales radicadas en los Yungas de La Paz. Empero, con la nueva norma se extienden a 14.400 en ese territorio y legaliza el cultivo de 7.700 ha en el Chapare.

Adepcoca acude a la opositora UD para demandar inconstitucionalidad de la ley de la Coca
“El incremento se ha hecho de forma desproporcional sin justificación alguna para satisfacer políticamente”, denunció Santamaría, quien explicó que hay acuerdos supranacionales sobre estupefacientes de los que Bolivia es signatario y que son el marco constitucional del reclamo.

A ello se suman las memorias de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y que definieron el carácter ancestral y el consumo tradicional de la hoja.

El recurso legal además interpone medidas cautelares para detener la redacción del reglamento de la normativa que, por denuncias del opositor, solo se discute con los productores del Chapare, que es el bastión del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.

En abril pasado, un grupo de legisladores de UD ya habían interpuesto un recurso similar para frenar la vigencia de la normativa, pero aún el TCP no se pronuncia.