De 61 juicios contra líderes opositores sólo 7 llegaron a sentencia

Desde 2008, siete líderes de la oposición, Jorge Quiroga, Rubén Costas, Juan del Granado, Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla, enfrentan al menos 110 demandas penales. De un total de 61 que conoció este medio, contra cinco de estos políticos, solo siete concluyeron en sentencia.

Mientras que para la oposición los litigios tienen un trasfondo político, porque todos se iniciaron en el gobierno de Evo Morales con el único fin de “neutralizar” a los jefes opositores, para el oficialismo lo único que se busca es que estas personas rindan cuentas por la comisión de hechos específicos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Según el relevamiento de datos que hizo Animal Político con base en información proporcionada por los mismos encausados (revisar cuadros en la página 10), se instauraron 2 procesos contra el expresidente Quiroga; 17 contra Costas; 10 a Del Granado; 23 a Suárez; y 9 a Reyes Villa, es decir, un total de 61.

A éstos se suman los que pesan sobre Samuel Doria Medina, quien según sus allegados tiene en curso nueve requerimientos (incluido el caso Focas, referido al traspaso de recursos a la Fundación para el Desarrollo, que es privada; y la denuncia de la ministra Marianela Paco, por discriminación); otras ocho demandas no prosperaron. Este medio solicitó un detalle al respecto, pero a través de la unidad de prensa del líder opositor se indicó que este diario no podría acceder a dicha información. En el caso de Revilla, quien el 29 de septiembre dijo que enfrentaba 40 litigios, según publicó Página Siete, tampoco se pudo obtener datos pormenorizados, solicitados a la unidad de prensa de la municipalidad.

Los 61 procesos, de los que hay reporte puntual, fueron entablados a partir de 2008. Si bien el juicio de responsabilidades contra Quiroga por los denominados petrocontratos fue solicitado por Evo Morales en 2005, cuando éste era diputado, recién se lo autorizó en 2011.

De las siete demandas que concluyeron con un veredicto, una corresponde al expresidente Quiroga, quien recibió una condena de dos años y ocho meses de cárcel en 2012, en un juicio instaurado por el Banco Unión en el caso Catler-Uniservice; a la fecha, el proceso está en etapa de apelación. Su asesor legal, Rodrigo Antonio, explica que con ese dictamen su defendido queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público o postularse a un cargo electivo, lo que favorece al Gobierno.

Otras cinco sentencias son contra Reyes Villa. En una fue condenado a un año y tres meses de cárcel por la contratación irregular de una empresa; en otros tres procesos fue sancionado con cinco años de privación de libertad, uno de ellos por enriquecimiento ilícito y otros dos por conducta antieconómica. Un quinto juicio es por incumplimiento de deberes, entre otros delitos; en este caso fue absuelto, pero la resolución judicial fue revocada.

El séptimo es contra el gobernador cruceño Costas, por el referéndum autonómico de 2008. Un Tribunal de sentencia lo absolvió de cargos, pero la decisión fue apelada, por lo que todavía debe ser resuelta.

Otros. En los restantes 54 casos (88% de las demandas), los litigios están en fase preparatoria o de investigación, pues la querella fue presentada con y sin imputación formal o el pliego acusatorio está formulado para inicio de juicio. En este último estado hay nueve procesos: 1 a Tuto Quiroga; 1 a Del Granado; 5 a Suárez, 1 a Costas, y 1 a Reyes Villa. No obstante, también hay ocho pleitos judiciales con rechazo de denuncia o que deben ser archivados.

El que no se haya llegado a la etapa del juicio oral y no se haya pasado el periodo preparatorio o los casos hayan sido rechazados, demuestra, según los opositores, que dichas causas no tienen sustento jurídico, por lo que no avanzan, y que, al contrario, son parte de una persecución política gubernamental para neutralizar a sus contendores.

“No han podido continuar (con los litigios) porque saben (los denunciantes) que se les derrumba el proceso si es que llega a la etapa de juicio, pero tampoco les interesa que avance porque ahí se podría desvirtuar la acusación; no tienen los elementos para demostrar que el delito se cometió, son solo supuestos”, explica la asesora legal del exgobernador beniano Suárez, Itzel Moscoso.

“Se nota que es político, porque cuando uno tiene un proceso judicial lo lleva adelante y más si tiene las pruebas necesarias, va a concluirlo, de lo contrario vueltea, lo mantiene ahí, latente”, argumenta Moscoso. Por estos casos, Suárez tiene arraigo, es decir, no puede salir del país, pero además sus bienes fueron anotados preventivamente.

Del Granado, uno de los líderes enjuiciados, cuenta que en su caso la seguidilla de demandas comenzó en 2010, cuando rompió su alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Se toma la decisión, en el ámbito gubernamental, de iniciar esta persecución política-judicial”, afirma; añade que los casos en su contra estuvieron activos hasta 2014, cuando encabezaba el Movimiento Sin Miedo (MSM) y se hallaba en plena actividad opositora, “un perfil político de primer orden”, pero asegura que la situación cambió desde 2015, gestión a partir de la cual “se nota que decayó el interés persecutorio en mi contra (...) no puede ser más evidente la relación entre acción judicial e intereses político partidarios, persecutorios de parte del Gobierno”.

Ciertamente estancados los procesos contra él (desde 2015), lo que no cesa es el ambiente de incertidumbre. “En muchos casos yo he tenido que decir que se agilicen, que se tramiten porque no es agradable tener varios procesos pendientes”. Como medida preventiva, sus bienes están anotados en Derechos Reales, lo que le genera perjuicios.

Por el contrario, el asesor legal de Tuto Quiroga, Rodrigo Antonio, asegura que a diferencia de los procesos de otros líderes opositores, los de su cliente avanzaron aceleradamente. Es el caso de los petrocontratos, cuyo juicio oral comenzará una vez que se notifique al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien también es procesado. Según el jurista, en este litigio, en el que se juzga a Quiroga por la firma de cuatro contratos de exploración, no existe fundamento jurídico para su viabilidad.

El director jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, Nelson Quintana, también opina que hay persecución judicial en contra de los jefes opositores y gente vinculada a éstos, “bajo el pretexto de investigar y/o procesar supuestas faltas y delitos cometidos particularmente por estas personas”. Agrega: “El gobierno del MAS ha violentado el sentido de la democracia, además de vulnerar derechos humanos de personas que son disidentes o tienen ideologías distintas a las del partido de gobierno, a través de la gradual y sistemática persecución judicial”.

Rechazo. “No es una persecución política, son hechos de corrupción, ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, hechos reñidos con la ética en el ejercicio de su función”, enfatiza la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

En su criterio, lo que pretende la oposición es que sus líderes queden en la impunidad; la acción judicial más bien debería caer duro, dirían, para quienes están vinculados al MAS o a una organización social. “A ellos (dirigencia social) sí hay que caerles con toda la rigurosidad de la ley y perseguir a los corruptos, etcétera; pero no se mide con la misma vara al opositor, porque en su análisis para ellos debería haber impunidad, eso es lo que plantean”.

Montaño realza el hecho de que en la actual gestión se impone mano dura contra la corrupción, no importando si se trata de una persona oficialista o de oposición. Con ese criterio coincide su correligionario, el senador Rubén Medinaceli, quien asegura que uno de los principios del actual gobierno es luchar contra hechos irregulares. Por ello, ambos concuerdan en que si bien hay litigios contra opositores, también los hay contra autoridades y exautoridades del oficialismo y dirigentes y exdirigentes afines al MAS, algunos de los cuales están en la cárcel. “Es que el MAS-IPSP no tolera la corrupción”, manifiesta el legislador.

La diputada indica que para que no quede duda de que no son procesos políticos, basta con hacer un análisis sobre los tipos penales por los que se juzga a los jefes opositores.La información a la que accedió Animal Político da cuenta de que los presuntos delitos que pesan sobre éstos son: malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, uso indebido de bienes y servicios públicos y cohecho pasivo, entre otros.

“Eso demuestra que son hechos de corrupción, de desfalco al Estado, al pueblo boliviano. No son hechos políticos”, enfatiza Montaño.

El exsenador Carlos Börth, por su lado, opina que cuando una persona se desempeña en la administración pública como máxima autoridad ejecutiva “tiene tanto trabajo que no puede prestarle atención a todos los detalles,” por lo que es propensa a que se le hallen responsabilidades y se le inicien juicios. Y cita como ejemplo su caso. Cuando presidía un Comité en el Senado Nacional contaba con un monto para llamadas telefónicas, el mismo que se excedió porque, dice, no era posible controlar ese gasto. Ahora, a 10 años de su gestión, le iniciaron un proceso por un sobrecargo en las llamadas de Bs 1.000.

El senador Medinaceli justifica que quienes cumplen funciones en la administración pública, como él, al final deben dar cuenta de lo hecho: “tenemos la obligación de rendir cuentas, tarde o temprano, de nuestros actos. Los que en el desempeño de nuestras funciones hemos cometido errores o delitos, debemos pagar las consecuencias al margen de ser opositores u oficialistas”.

Caza. Empero, los opositores hablan de una “cacería de brujas” a partir de la aprobación de la nueva Constitución, de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra la corrupción, y de la resolución 0770 de 2012 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Según Börth, esa persecución no es reciente. Recuerda que la nueva Constitución establece la imprescriptibilidad de “los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico” y determina la retroactividad “en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado”. (Artículos 113 y 124, respectivamente).

Esas disposiciones, asegura, hacen que cualquier exfuncionario pueda ser sometido a juicio porque la retroactividad es “prácticamente hasta 1825”.

“Entonces, en esas condiciones, los líderes políticos de la oposición que han hecho ejercicio de funciones públicas están siendo hostigados por cualquier pequeña cosa, por cualquier accidente, por cualquier error”, afirma el exlegislador orureño.

Quintana, de la Gobernación cruceña, añade que la “cacería de brujas” sobre todo ocurre a través de la Ley Quiroga Santa Cruz, que concedió, dice, poderes especiales al Ministerio de Transparencia.Empero, Montaño y Medinaceli insisten en que todos los litigios contra exfuncionarios, que están enmarcados en una clara lucha contra ilícitos, demuestran que en el país, a diferencia del pasado, ya no hay privilegios para dichas exautoridades, a las que era complicado iniciar cualquier proceso judicial.

“La principal diferencia entre este gobierno y los anteriores es que antes casi no teníamos procesos en la justicia porque eran protegidos por sus correligionarios, por sus compañeros de fórmula partidaria. En el caso del gobierno del presidente Evo Morales, no importa quién sea, qué nivel de responsabilidad tenga; si ha cometido un hecho de corrupción, en la administración pública, es procesado y denunciado”, afirma Montaño.

Este es un tema central, enfatiza la legisladora, y el que aún es resistido por los opositores: la eliminación de todos los privilegios de enjuiciamiento para autoridades y exautoridades. Lo que se puede llamar “juicio privilegiado” solo se limita al presidente y vicepresidente del Estado, añade Medinaceli. “Todos los demás debemos someternos a la justicia ordinaria, todos en las mismas condiciones y sin privilegios de ninguna naturaleza. Así es un país democrático”. Demandantes. Pero los opositores persisten en que son perseguidos judicialmente porque, coinciden, los procesos fueron instaurados por el Ministerio de Transparencia, por la Contraloría, por alguna gobernación afín al Gobierno o particulares que tienen vínculos con autoridades gubernamentales.

Según el relevamiento de datos, de los 61 litigios, 44 (72%) fueron instaurados por el Ministerio o el Viceministerio de Transparencia, por la Contraloría General del Estado, por gobernaciones encabezadas por el MAS o por asambleístas departamentales masistas. El resto, 17, son de gente vinculada al oficialismo.

Pero los cuestionamientos de los opositores también apuntan al Órgano Judicial, el que —aseguran— responde al Ejecutivo.

Del Granado sostiene que la relación entre acción judicial e intereses político partidarios, persecutorios, de parte del Gobierno, comprueban que hay una degradación de la administración de justicia a manos de éste. “Hay supeditación tanto del Ministerio Público, de fiscales, jueces, a las exigencias de un Poder Ejecutivo autoritario, intolerante, que no admite disidencias o voces diferentes”.

Quintana, de la Gobernación cruceña, agrega que “hay una indiscriminada y tergiversada utilización de la justicia para solucionar las controversias de las personas, ya por intereses patrimoniales, ya por intereses políticos y de poder o, por simples diferencias ideológicas o personales”.

Igual opina Antonio, asesor de Tuto Quiroga; cita como ejemplo de la sujeción del Judicial al Ejecutivo la designación del fiscal general Ramiro Guerrero, exasambleísta constituyente por el MAS.

Montaño enfatiza, por el contrario, que la justicia no depende del presidente Morales, sino que es administrada por el Órgano Judicial, por los miembros del Ministerio Público. “El Órgano Judicial no depende del Movimiento Al Socialismo, depende de quiénes fueron electos para brindarle al pueblo un sistema de la justicia adecuado, y si esas personas no cumplen su función, el pueblo boliviano tiene los mecanismos para reaccionar con relación al incumplimiento del Poder Judicial”.

El magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Lima, considera que no es un concepto correcto que se diga que la justicia está politizada solo porque haya varios juicios contra líderes políticos. “No hay justicia politizada, si se enjuicia médicos, abogados, y a miles de personas, todos los días, por qué tendrían que tener (las exautoridades opositoras) cierta inmunidad, por qué tendrían que tener impunidad; todos vayamos a rendir cuentas a la justicia, y que sean los jueces los que decidan; y cuando un juez actúe corruptamente yo creo que es correcto que se lo procese, se lo castigue, pero no son todos los casos”.

En tanto se resuelven los procesos, Del Granado seguirá recibiendo en la puerta de su domicilio los cedulones requiriéndole para audiencias, o notificándole con memoriales o resoluciones de fiscales o jueces. Quiroga continuará acudiendo cada inicio de mes a la Fiscalía para firmar un libro de asistencia y tendrá que pedir permiso a ésta para viajar. Y también Suárez, entre otros, seguirá sin poder viajar al exterior.