Entre 2015 y 2018, René Noel Sivila Céspedes, quien por entonces era el responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UOBT) de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, firmó y vendió 2.096 resoluciones para autorizar el desmonte ilegal de 22.000 hectáreas de tierras fiscales. En complicidad con otros funcionarios de esa oficina del Estado recaudó al menos seis millones de dólares.
“Sivila hizo uso y abuso de su cargo, puesto que aprobó planes de desmonte en tierras fiscales, estafando de esta manera a seis comunidades menonitas (...). Llegó a firmar 2.096 resoluciones que permitieron los desmontes de más de 22.000 hectáreas. Esta acción fue realizada en complicidad de agentes auxiliares ya identificados”, denunció ayer el director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), ClÃver Rocha.
Sivila se dedicaba a firmar resoluciones administrativas para aprobar planes de desmontes menores a 20 hectáreas. De esta manera se desmontaban tierras fiscales y más tarde se procedÃa al “blanqueo” (tala y comercio ilegal) de la madera extraÃda.
Rocha explicó que el funcionario cobraba por lo menos 300 dólares por cada resolución aprobada. Para hacer los cobros, Sivila enviaba a sus intermediarios, agentes auxiliares de la UOBT.
El director de la ABT indicó que el caso fue descubierto cuando el nuevo equipo técnico y jurÃdico detectó “indicios e irregularidades alarmantes” al revisar documentación pasada y recibir denuncias de los perjudicados.
Seis comunidades afectadas
Las tierras fiscales de las que Sivila dispuso de manera irregular afectaron a seis comunidades menonitas: Riva Palacios El Dorado II, Tajibo Santa Rita, La Conquista, La Roca, Valle Verde y Cañada la Roca.
Desde que las resoluciones comenzaron a ser aprobadas, se montó una “cadena productiva” que incluÃa tierras, desmonte, tala y venta ilegal de madera, una actividad ilÃcita que con la sola venta de las autorizaciones generó seis millones de dólares.