El MAS utiliza cargos y bienes del Estado para atacar a opositores

Candidatos y políticos opositores denuncian que funcionarios públicos que pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS), utilizan sus cargos estatales y los bienes del Estado para convocar a conferencias de prensa y denostar a los candidatos de la oposición. El último caso fue el reflejado ayer por la mayoría de los medios cuando la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, convocó mediante sus comunicadores a una conferencia de prensa con carácter de “urgente” para hablar contra la candidatura de Carlos Mesa.

“Están desnaturalizando la función pública, están malversando a intereses espurios de segundo orden y no están cumpliendo con lo que exige un verdadero servicio público, que debe estar al servicio del país y no de su clientela política, usan el cargo y los bienes públicos”, declaró Carlos Alarcón, vocero de Comunidad Ciudadana (CC) en contacto con EL DIARIO.

En las últimas semanas, varios funcionarios del Gobierno central y parlamentarios del oficialismo llevan adelante una campaña mediática contra el expresidente y candidato de la alianza de CC, Carlos Mesa, considerado por encuestas como el principal contrincante de la candidatura observada de Evo Morales.

Sin embargo, no solo el MAS ataca a Mesa, sino los otros candidatos de la oposición como Oscar Ortiz de Bolivia dice No y sus aliados.

En el caso del binomio Ortiz y Rodríguez, estos son tratados con una clara indiferencia por el oficialismo. En tanto, Mesa y sus allegados responden con críticas a la administración de Evo Morales.

Según el vocero de CC, Carlos Alarcón, “los funcionarios públicos deben cumplir el servicio por el cual el pueblo boliviano les paga sus salarios con sus impuestos, pero no, utilizan medios y recursos para hacer campaña en beneficio del binomio oficialista que es ilegal y esto es un abuso”, dijo el político en alusión a la presidenta del Senado que ayer llamó a conferencia de prensa para decir que Carlos Mesa representa un peligro para los derechos humanos.

“Carlos Mesa es un peligro para los derechos humanos y para la soberanía del país, es un hombre que tergiversa los acontecimientos históricos, pese a ser historiador y es un hombre que miente”, aseguró Salvatierra y dijo que en su gobierno impulsó la aprobación de un convenio para otorgar inmunidad a militares de Estados Unidos.

Para Alarcón, “el uso de los recursos económicos debe ser en beneficio de los bolivianos y no de una campaña política electoral, al final lo que hacen es expresar un desprecio contra el soberano, porque éste exige que los recursos públicos sean de beneficio general y no en un interés particular de una candidatura”.

En tanto, el exvicepresidente y candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, dijo que el rol “mezclado” de los funcionarios públicos del Estado y que son Movimiento al Socialismo (MAS), no le sorprende porque es una práctica cotidiana, pero esto no significa que se debe pasar por alto sino recordarles que están para gobernar y no para hacer campaña.

“Los funcionarios del Gobierno deben dedicarse a gobernar, pero están más dedicados a la campaña electoral; para los temas de debates políticos deben estar ahí los dirigentes del Movimiento al Socialismo, porque son quienes deberían lanzarse a este escenario y no autoridades”, manifestó Cárdenas.

Cárdenas aclaró que la función de la presidente del Senado es atender asuntos de Estado, esa es su función y no otra cosa, “hoy en día hace atender temas de campaña electoral, eso deben atender la directiva de su organización política del MAS”, apuntó.

“Son dos cosas apartes, que deberían ir separados, pero en este Gobierno todo está mezclado, es decir, confunden y mezclan la función de gobernar con la función de campaña y esto es una forma de actuar desde el propio Presidente Evo Morales, lo cual es muy negativo”, indicó.

Recalcó que en el Gobierno del MAS, lo que más se ha fomentado es fusionar el rol de funcionario público con el de militante al que le dedican más tiempo haciendo campaña para su partido, pero son funcionarios y deberían dedicarse a gobernar.

“El Tribunal Electoral, debería tomar cartas en el asunto, porque es condenable, es un delito electoral y ojala por lo menos, les llamen la atención a los funcionarios públicos, como en anteriores épocas pasadas”, señaló.