Fiscalía instruye cerrar las investigaciones de los 157 procesos por el Fondo Indígena

La Fiscalía General del Estado instruyó a sus fiscales iniciar con el cierre de investigaciones en los distintos procesos que se abrieron a partir del descubrimiento del desfalco millonario al Fondo Indígena, un caso que estalló poco después de los comicios generales, antes de las elecciones subnacionales de 2015, y que llevó a prisión a las exministras de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos y Nemesia Achacollo.

Así lo informó ayer el fiscal general Ramiro Guerrero. “He instruido a los fiscales que están viendo este caso ir cerrando y emitiendo las resoluciones que correspondan, en este caso una resolución final de acuerdo al análisis y la valoración objetiva que ellos puedan hacer (es decir) con una acusación formal o sobreseimiento”, dijo Guerrero.

El fiscal general del Estado comunica este mandato seis días después de que la exministra Achacollo hiciera efectiva su salida de la cárcel de mujeres de Miraflores (La Paz), luego de que la jueza paceña Wiat Belzu dispusiera en su favor medidas sustitutivas a la detención.

Según Guerrero, este caso es muy complejo porque hay más de 157 procesos abiertos, que derivaron, en algunos casos, en imputaciones, nuevos convocados y sindicados, situación que extendió por mucho tiempo las investigaciones judiciales.

Los dirigentes indígenas Melva Hurtado (afín al MAS), Félix Becerra y Adolfo Chávez (opositores), entre otros, son algunos de los procesados en este caso.

Varios de los investigados, después de pasar algunos años en la cárcel bajo prisión preventiva, dejaron las celdas para cumplir detención domiciliaria.

Sin embargo, Guerrero recordó que estas personas que salieron de la cárcel con el beneficio de detención domiciliaria siguen en calidad de investigadas.

“Es cuestión de horas, restan trámites finales en la dirección departamental de Régimen Penitenciario para que físicamente deje el Centro Femenino de Obrajes, donde estuvo recluida dos años y ocho días”, dijo Gutiérrez, según cita la agencia ABI.

El abogado aseguró que cumplieron con la resolución de cesación de la detención preventiva de la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Wiat Belzu, quien aceptó la presentación de los cuatro garantes que demostraron solvencia patrimonial de Bs 50.000 cada uno.
Ramos, involucrada en el caso de corrupción en el disuelto Fondo Indígena, cumplirá su arresto domiciliario con salida laboral, arraigo y debe registrarse cada viernes en el sistema biométrico del Ministerio Público, en La Paz, por determinación de la juez.

De acuerdo con Gutiérrez, su defendida ya cuenta con una fuente laboral como auxiliar de ventas de una empresa de Tarija, región de donde viene ella.

La exministra fue recluida el 28 de noviembre de 2015, denunciada por aprobar ocho proyectos ‘fantasmas’ en el exFondo Indígena, que se presume causaron un daño económico al Estado de Bs 7,5 millones.

El acusador contraataca

El diputado Rafael Quispe informó, por su parte, que la Fiscalía General del Estado dio curso a las denuncias que interpuso en contra del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a quien acusó por retardación en el caso Fondo Indígena, encubrimiento de un exfiscal acusado de violación y por violencia intrafamiliar. “Ya ha sido admitida la denuncia, por lo tanto en esa instancia se verá. Pero no basta eso, por moral (Blanco) debería renunciar, si no ser destituido, eso es lo correcto, lo que debe hacerse”, dijo.

El diputado Quispe, en otra denuncia, señaló que Blanco golpeó a su pareja y recordó que la Fiscalía General maneja el discurso de no tener en sus filas a fiscales implicados en hechos de violencia de género.