Red de extorsión pedía a jueces entre $us 5.000 y $us 50.000

Según denuncias recibidas por las autoridades del Gobierno, entre $us 5.000 y $us 50.000 pedían a los jueces para excluirlos de una lista de despidos del Órgano Judicial y los principales afectados eran operadores de justicia en Santa Cruz. Jorge Bohórquez, director nacional de Derechos Reales (DDRR), es uno de los acusados de formar parte de esta red de extorsión, donde además aparecen tres miembros del Consejo de la Magistratura.

“Es la punta del iceberg”, aseguró anoche el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, para graficar la magnitud del caso que se destapó esta semana. De hecho, durante una entrevista en Cadena A, reveló que ya hubo una anterior lista de despidos que fue ejecutada, pero de la cual fueron excluidos el 5% de los jueces incluidos en ella.

El caso fue hecho público la mañana del lunes en una conferencia que, junto a Trigoso, ofreció el ministro de Justicia en Santa Cruz, donde circuló la irregular nómina. Horas antes se realizó una reunión con al menos 20 jueces incluidos en la lista, donde gran parte de ellos confirmó que recibieron llamadas para pedirles dinero.

“Varían los montos, nos hablan de diferentes montos que van desde $us 5.000, $us 20.000 y hay alguien que habla de 50.000. Imagínense si un juez o un vocal pone en mesa $us 50.000 o $us 20.000 para quedarse en un cargo. ¿Es que lo va a recuperar? y ¿cuánto se va a recolectar sobre 160 nombres? . Y si alguien paga es porque lo va a recuperar”, dijo el viceministro, también anoche, pero entrevistado por la red ATB.

Bohórquez fue aprehendido el lunes en Tarija. Los miembros del Consejo de la Magistratura Raxana Orellana Mercado, Emilio Patiño y Orlando Ríos también están incluidos en la denuncia por delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, extorsión y cohecho pasivo, aunque, a diferencia de Bohórquez, no pueden ser juzgados en la vía ordinaria.

Detienen al director de DDRR y denuncian a tres consejeros de la Magistratura por extorsión
“En este caso los consejeros de la Magistratura gozan de caso de corte, vamos a iniciar el proceso”, anunció Trigoso. Los magistrados, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, deben ser denunciados ante el Legislativo para someterlos a un Juicio de Responsabilidades de darse curso en una comisión de Ministerio Público.

Ríos calificó de apresurada la denuncia. “No nos han pedido ningún informe ni nada de esas cosas, yo pienso que es apresurada, pero en el curso (de la investigación) vamos a desvirtuar”, respondió el magistrado ante la denuncia pública de Arce y Trigoso.

La Magistratura, según la denuncia, habría elaborado una lista de jueces y juezas que iban a ser despedidos como parte de las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016. Anoticiado de esta lista, Arce se contactó con magistrados para pedir no proceder a los despidos porque esa acción debe ser parte de un trabajo de una instancia superior.

Los magistrados habrían aceptado la existencia de la lista y se comprometieron a suspender su ejecusión, lo que no ocurrió. Ya en una anterior oportunidad, según la denuncia, se puso en circulación una similar lista de la cual habrían sido excluidos el 5% de los jueces.