En Bolivia hay 15.831 privados de libertad, 68% está sin sentencia

La situación del sistema penitenciario del país refleja la imagen nítida de la penosa realidad en que se encuentra nuestra justicia. En 61 recintos penitenciarios (19 urbanos y 42 carceletas en área rural), con una capacidad de albergue de 5.013 personas, según los datos estadísticos a diciembre de 2016 de la Dirección General de Régimen Penitenciario, se tiene 15.831 reclusos (mujeres y hombres), de los cuales el 68% no tiene sentencia, quienes están en condición de detención preventiva.

Además de ello, otra de las crudas realidades es el hacinamiento que en global alcanza el promedio de 216%, superando en algunas carceletas como la ciudad de Montero los límites imaginables en el que la capacidad de 60 personas ha sido superada más de siete veces al constituir al momento con 444 presos.
“Todo esto refleja el impacto directo de la justicia. Por lo menos en los últimos 20 años hasta hoy se tienen las tasas más altas de personas en las cárceles y, lo peor de todo ello, es que casi el 70% no tiene sentencia", señaló Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, que hace una semana presentó un estudio sobre la situación de las mujeres en las cárceles del eje central.

Los decretos posteriores. Los dos males del sistema penitenciario de Bolivia están, según expertos y las mismas autoridades del Órgano Judicial, asociados a una enorme carga procesal. Según el Consejo de la Magistratura, la burocracia deja en desatención e injusticia a 254.737 de las causas (90,93%) ya que en promedio a nivel nacional, ingresan 136.072 causas penales anualmente, que sumadas a las pendientes de anteriores gestiones, hacen un total de 280.147 de carga procesal, de las cuales tan solo 25.410 (9,07%) logran ser resueltas por alguna salida alternativa (criterios de oportunidad, conciliaciones, suspensión condicional del proceso, procedimientos abreviados, sobreseimientos o sentencias).

En ese ámbito, los sectores más vulnerable son las mujeres y los niños. Según estudios de la Fundación Construir, en términos de política penitenciaria nada está concebido a favor de la mujer. Y para muestra un botón: de los 61 recintos carcelarios existentes en el país, ocho son habitados por mujeres, sin embargo tan solo el 50% de esta cifra, es decir cuatro recintos, han sido construidos exclusivamente para albergar a población femenina, los restantes cuatro (4) constituyen instalaciones adaptadas para la convivencia mixta (hombres y mujeres).

Según la Dirección de Régimen Penitenciario, en el país se registran 1.330 mujeres en las cárceles, de las cuales 1.040 se encuentran en el eje troncal que equivalen al 75% y las demás, 25%, se hallan dispersas en las 42 carceletas del país, casi todas ellas con detención preventiva.

Según Saavedra, otra de las variables de dicho estudio es que muchas que se encuentran recluidas están en el rango de edad que puede considerarse jóvenes y adultas. Y los delitos por el cual están bajo encierro son por delitos de narcotráfico y por su condición de indefensión y escasos recursos.

En un contexto muy complejo. "El reflejo de la situación actual de justicia son las cárceles", señala Rolando Arostegui, abogado del caso Rózsa, cuyo caso se constituye en un hecho emblemático donde tres de los acusados hasta hoy no tienen sentencia.

Por su parte, el abogado constitucionalista Carlos Alarcón señaló que Bolivia está en contraflecha con relación a otros países, donde la privación de libertad vía la "detención preventiva" se ha convertido en lugar de constituir una excepción en norma.

"Todo esto es parte de un desastroso sistema de administración de justicia y una pésima política criminal. En Bolivia seguimos en épocas retrógradas donde todo se pretende resolver, cualquier problema de la sociedad, aplicando la detención preventiva, cuando la tendencia en otros países es disminuir la pena privativa de libertad", argumentó.

"La libertad es un derecho, por tanto la presunción de inocencia es un principio básico. Pero eso no sucede, nuestras cárceles reflejan que las personas, en su gran mayoría, sin que haya sentencia están sufriendo penas anticipadas. Lamentablemente es parte de la crisis de justicia", finalizó Rolando Aróstegui.

Punto de vista

"Todo se debe a una falta de políticas de Estado"

“El elevado número de detenidos preventivos en las cárceles se debe a una aplicación del Código, Procesal Penal, pues al ser este garantista que debe determinar la detención como una medida excepcional, se hace todo lo contrario, al convertirla dicha medida en una regla.

La principales fallas en todo ello tienen que ver básicamente con que los jueces se sienten presionados a dictar estas medidas, por temor a ser procesados. Además, se ven coaccionados a disponer la detención preventiva por la presión del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.

Con respecto al hacinamiento, sobre todo de las mujeres si bien ocupan solo un 8%, desde luego que hay vulneración a los derechos humanos de ellas y de todos los privados de libertad.

Eso en gran medida se debe a una ausencia del Estado. Para superar todo esos problemas en conjunto tiene que haber una 'política criminal' en la que se incluyan programas de reinserción de los presos a la sociedad que hoy no existe. Las cárceles tienen que ser verdaderos centros de rehabilitación, no depósitos de personas.