Cada vez más adultos mayores son víctimas del despojo de sus bienes

Manuela Mamani tiene 80 años. Tras la muerte de su esposo quedó literalmente sola. Sus hijas y yernos, tras haber ejercido maltrato físico y psicológico contra ella, le exigieron firmar documentos de trasferencia de sus propiedades.

Al quedar en la indigencia, empezó a deambular por las calles y en esa situación fue encontrada por la Policía, que la albergó en el hogar transitorio Rosaura Campos, de la Gobernación de La Paz. Nadie la visita, sus descendientes se olvidaron de ella.

"Yo tenía (casa) en la Kollasuyo, ellos me han hecho vender, bien mala fe. Luego me querían hacer pagar alquiler, qué alquiler iba a pagar si era casa propia. Yo me he escapado, me he ocultado en Navidad y en Año Nuevo igual, pero me han encontrado y me han hecho firmar, habían sido bien malos", relató la anciana.

De acuerdo a lo que cuenta, ella era comerciante y tenía dos casas, una la zona La Portada y otra en la avenida Buenos Aires; narra que fue su hermana, junto a sus hijas y yernos, quienes le arrebataron todos sus bienes.

La trabajadora social Rosario Escobar explicó que se han publicado en facturas de luz la foto y los datos de la señora para pedir que los familiares se hagan cargo de ella, pero eso nunca sucedió. "Parece que ya han vendido las dos casas y han cambiado de domicilio", dijo, por lo que Manuela está a la espera de una plaza definitiva en el asilo San Ramón.

Según Escobar, muchos ancianos ingresan a refugios debido a casos de violencia y abandono, pero cuando se investigan los hechos, resulta que en realidad hubo despojo.

El despojo de bienes, viviendas, rentas y hasta de tierras es una de un fenómeno creciente contra adultos mayores. "Por la crisis económica, por la crisis de valores, este delito está aumentando, cada vez se escuchan más casos", comentó a ANF Augusto Ledezma, presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO).

La Defesoría del Pueblo muestra cómo este drama va en aumento.

Según el Censo de Población y Vivienda 2012, existen 893.696 personas mayores de 60 años en el país, es decir el 8,2 por ciento del total de la población boliviana. La Defensoría del Pueblo atendió 600 denuncias de derechos vulnerados durante 2015 en todo el país. Alrededor del 26 por ciento (156) correspondía a despojos de bienes y/o viviendas, es decir un promedio de tres casos por semana.

Según explicó Ledezma, quienes incurren en ese crimen son generalmente los familiares más cercanos, hacen firmar documentos en blanco y en otros casos utilizan la intimidación, el engaño y la violencia para que accedan a traspasar sus bienes.

Pero también está el robo recurrente de las rentas. "Los buscan cuando hay que recoger la renta, se agarran el dinero y vuelven a dejarlos solos y abandonados", comentó.

Actualmente, las personas mayores sin jubilación reciben una renta mensual de Bs 250, monto que puede acumularse hasta durante un año. Para acceder a ese beneficio solo deben presentar su cédula de identidad original.

Según la Defensoría, el 70 por ciento de denuncias ocurre en áreas rurales. En la mayor parte de los casos quienes incurren en este delito son dirigentes de sindicatos y autoridades indígenas. Lo hacen porque en las áreas rurales existe poca población mayor (los jóvenes migran a las ciudades), por lo que los adultos mayores suelen quedan desamparados, a merced de las autoridades comunitarias.

"Creen que ya son improductivos, además como no cumplen con tareas comunales, los castigan quitándoles sus tierras. Nosotros estamos trabajando sobre todo en el departamento de La Paz, explicando y concientizando a las autoridades comunitarias que no se puede proceder así", expresó, Elizabeth Calisaya, responsable nacional del programa del adulto mayor de la Pastoral Social Cáritas Boliviana.

Según explicaron en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia, el despojo de viviendas es un delito de orden privado, entre partes, por lo que ambas instancias no tienen competencia. Pero el despojo de tierras, por ser un delito de orden público, es de su incumbencia, aunque no ofrecen estadísticas.

La Ley General de las Personas Adulto Mayores habla de erradicar toda forma de violencia contra este sector y establece el derecho a la "protección" que "busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica (…) la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adulto mayores a la sociedad con dignidad e integridad".

René Pereira, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Carrera de Sociología (IDIS), informó que en los próximos 15 años esta población se podría duplicar, por lo que propuso debatir sobre la efectividad de las políticas públicas y otras acciones protectoras de los derechos de este sector.

"Mientras que en Bolivia la población está creciendo a 1,7 por ciento por año, (solo) los adultos mayores están creciendo a una ‘hípervelocidad’ del 3,7 por ciento , lo que significa que para el año 2030 vamos a tener 1,6 millones más de adultos mayores", contó.